Santo Domingo
El derecho a la protesta, siempre y cuando sea cívica y pacífica, es una prerrogativa consignada en nuestra constitución y las leyes. Sin embargo, esa prerrogativa, donde está el mecanismo de la huelga, debe ser un recurso a utilizar solo cuando resultan infructuosos el diálogo y la negociación.
Es por eso que, e independientemente a las razones para los reclamos, el llamado a huelga realizado por la Coalición de Organizaciones Sociales, Feministas, Ambientales y Gremiales en las 14 provincias del Cibao fue impertinente.
Para muchos analistas, la convocatoria en reclamo por el alto costo de la vida, fue precipitada, primero, porque no fue precedida de una jornada de conversación para exponer puntos de vista, escuchar, plantear y explorar soluciones a los problemas de carestía que ciertamente afectan al mundo y por consecuencia a nuestro país. Para quienes así piensan no resulta inocente que el llamado se haya realizado justo en una fecha emblemática como el 24 de abril rememorando la revuelta de la misma fecha del 1965, por lo que aseguran que el mismo tuvo un evidente componente político y desestabilizador. Informes de inteligencia daban cuenta de esas intenciones, por lo que las autoridades hicieron un despliegue preventivo de fuerzas policiales y militares para garantizar el orden público y el derecho a que quienes no se sumaran al paro pudieran llevar a cabo su cotidianidad sin inconvenientes.
Así las cosas, y al margen de las argumentaciones, la huelga, donde muchas veces los que la “apoyan” lo hacen para evitarse problemas con los convocantes, fue un fracaso donde la táctica dañó la estrategia.
